viernes, 2 de febrero de 2018

Consulta 2018, pregunta 2: Sobre la explotación del Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

No sé si realmente vale la pena preguntar esto. Primero dijeron que no querían explotarlo, y emprendieron una fantasiosa y a la vez ambiciosa campaña a nivel mundial para que el resto de países nos pague por no explotar el petróleo del Yasuní. No se recaudó el dinero esperado, entonces la respuesta fue "el mundo no apoyó, nos vemos obligados a explotar el Yasuní". Se responsabilizó a la comunidad mundial por una decisión difícil, pero necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque las finanzas estatales dependen del petróleo.

Aún recuerdo a los activistas y ecologistas con pancartas afuera de los edificios estatales pidiéndole a los conductores de vehículos impulsados y lubricados por derivados del petróleo, con neumáticos cuya materia prima también es el petróleo, pedirles que piten si estaban en contra de la explotación del Yasuní. El chiste se cuenta solo.

Esta pregunta, la cual pareciera que tiene buena intención, no dice nada. Pueden rebajar el área autorizada de 1.030 hectáreas a 300, para los que no sabemos de selva ni estamos familiarizados con el área, nos da lo mismo. No sabemos si dentro de esas 300 hectáreas hay aguas subterráneas, pueblos nos contactados, flora y fauna única, en fin, no sabemos nada que realmente nos sirva para tomar esta decisión. Sólo nos parece bien que se reduzca el área, pero no sabemos nada del área.

Esta es tal vez la pregunta más demagógica de todas. Da la impresión de que tenían 6 preguntas, y un asesor les dijo "no pueden ser 6, después lo asocian con el PSC" o "es el número del diablo", o cualquier otra muestra de ignorancia similar, y como la lista 7 está prácticamente muerta y nadie la asocia con Alvarito (¿se acuerdan del desaparecido PRIAN, ahora el intrascendente AEA? ¿No?), y es un número primo, pega mejor. Que viva el marketing.

Aquí anularé mi voto. Relleno innecesario, y no es una pregunta que cualquiera pueda responder sabiendo en verdad la decisión que se está tomando aquí.

Consulta 2018, pregunta 1: Sobre la ley de Plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como "Ley de Plusvalía", según el Anexo 1?

La famosa ley es tan nefasta que provocó que algunos de mis amigos correístas dejen de serlo. Al momento de hacer cálculos sobre lo que terminan costando sus propiedades si intentan venderlas, se dieron cuenta de que no les alcanzaría para comprar otra propiedad similar, debido a la exorbitante tajada que se lleva el estado. Cabe recalcar que actualmente los gobiernos locales ya lleva su porción de "impuesto a las alcabalas" cada vez que se vende una propiedad, pero acá se habló de acabar con las supuestas "ganancias ilegítimas" de los especuladores, quienes compran terrenos o predios sabiendo que en unos años habrá obra pública que genere plusvalía en el sector, para después venderlos. Digamos que la ley tuvo buenas intenciones, y es verdad, que en muchas ocasiones la plusvalía depende de la obra pública, pero no siempre la obra pública es la que genera plusvalía, es más, a veces la obra pública arruina los precios de un sector.

Vamos poniendo ejemplos: cuando la obra pública no es la que genera la plusvalía, si no la inversión privada, el caso más relevante: Mall del Sol, Plaza del Sol, y alrededores que pertenecen al Grupo Nobis. Este sector tiene una inversión privada importante que ha hecho que los precios de venta y alquiler de ciudadelas como Vernaza Norte hayan subido desde que se empezó a construir dicho centro comercial, sin mayor intervención municipal. En el mismo sector, la ciudadela Adace, frente al aeropuerto, ya tenía cierto valor comercial por su cercanía al aeropuerto (obra pública, obviamente), pero era mayormente una zona de bodegas, y ahora ha surgido una importante oferta de locales de comida debido a la gente que trabaja el centro comercial, hospital, hoteles, oficinas, y demás que funcionan en las inversiones del área mencionada. Todos los alrededores han tenido una plusvalía significativa con cada construcción nueva, ¿y por qué el gobierno tiene que llevarse una tajada de esta utilidad? ¿Por qué se considera ilegítima? Lo mismo pasa con los alrededores de cualquier centro comercial que se construye. Es verdad que a los municipios también les toca invertir en adecuar sus redes sanitarias y eléctricas para las nuevas construcciones, pero son acuerdos a los que se llega antes de construir, y básicamente las nuevas construcciones, con sus impuestos, pagan estas inversiones, a largo plazo.

Ahora, mencionemos los casos en que la obra pública arruina los precios de un sector. Los casos más evidentes, son cada paso a desnivel que se construye. Los bajos de los pasos a desnivel se vuelven sitios peligrosos por la velocidad con la que los vehículos suben y bajan, debido a esto la gente evita pasar por los alrededores, con lo que algunos sectores se vuelven desolados en cuanto a circulación peatonal se refiere, y esta desolación genera delincuencia. Un par de ejemplos: el paso elevado de la calle José de Antepara, que sirve para cruzar sobre las calles Portete y Venezuela. Ese sector en el día tiene algo de vida, pero en la noche es casi completamente muerto, está mal iluminado, y es difícil pasar por ahí a pie a menos que se sea del barrio. En algunos casos hay casas que tiene tres y cuatro pisos de alto y quedaron a escasos metros del paso a desnivel, quedando sus casas expuestas a que cualquiera se pueda meter por las ventanas o balcones usando el puente, teniendo que enrejar dichos accesos, y poner alambres de púas para evitar las invasiones desde el puente. Sin mencionar que las fachadas pasan cubiertas de polvo y hollín de los carros que circulan al pie, por el puente. Otro ejemplo es el intercambiador de tráfico de la Av. 25 de Julio con la Pío Jaramillo, o Perimetral. El extremo del puente que está al pie de un edificio de CNT, por mucho que lo hayan regenerado, pasa desolado, y en las noches es difícil caminar por ese sector, aunque se sea del barrio. Es normal ver gente haciendo sus necesidades bajo el puente, chamberos destruyendo fundas de basura, y no faltan los robos en la noche y madrugada. Ambos casos son obra pública orientada a facilitar el tráfico automotor, pero se olvidaron del componente humano de los alrededores. Y en casi cualquier paso vehicular elevado, se repite la historia. Y no olvidemos el paso de la Metrovía por la ciudad. Como los buses de dicho sistema en nuestra ciudad circulan sobre el carril izquierdo, esto eliminó los espacios de parqueo en varios sectores comerciales, lo cual hizo que disminuya la clientela, y por lo tanto, cierren negocios. El avalúo comercial se fue por los suelos.

Pero la ley no contempla la caída de los precios por culpa de la obra pública. Tampoco perdona cuando uno compra un bien inmueble antes de saber que va a haber obra pública importante en el sector. El negocio inmobiliario tiene parte de especulación, y parte de suerte. Dicen que esta ley evita que la gente le ponga el precio que le da la gana a la casa en que quieres vivir. Pero para eso está el libre mercado, si alguien tiene una casa en venta con un precio muy alto para el sector, será el mismo mercado quien obligue a bajar los precios, y los avalúos municipales y comerciales están de base para la fijación de los precios, no se puede argumentar que es que la gente quien pone los precios que le da la gana. Se debió buscar evitar la especulación, limitando las ganancias de quien compra un terreno justo cuando se anuncia inversión en el sector, tal como ha ocurrido con los cientos de hectáreas en la cercanía de Daular, desde que se anunció la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, y en Posorja, con la construcción del puerto de aguas profundas. La ley actual debe derogarse, y en su lugar debería redactarse una mejor enfocada.

jueves, 1 de febrero de 2018

Referéndum 2018, pregunta 5: Sobre la prohibición de minería metálica

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Otra pregunta de relleno, supongo que ésta es el equivalente de las papas y la cola del combo*. Tampoco estaba en discusión, es sólo para provocar votar en plancha. Obvio que el pueblo va a votar que sí, pero no era necesario modificar la constitución para esto, bastaba con modificar el Código Orgánico del Medio Ambiente en su artículo 54, tal como indica el anexo, nada más. Una constitución no puede ser tan específica, debería ser una carta de derechos, y las especificaciones deberían constar en las leyes. Y para esto, está la asamblea. Cambiar la constitución no va a eliminar la minería ilegal, que es el verdadero problema.

Otra pregunta mal intencionada, aparentemente inofensiva, en la cual votaré que SÍ, básicamente porque hace más bien que mal. Pero seguiré sin apoyar la preguntar 3.

* En caso de que no entienda de qué combo le hablo, estimado lector, le recomiendo leer mi análisis de las primeras 4 preguntas:


Referéndum 2018, pregunta 4: Sobre la prescripción de delitos sexuales contra menores

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Esta pregunta me causa sentimientos encontrados. Uno de entrada diría "pero claaaro...", y se podría agregar "...pero eso ni se pregunta!". Entonces uno reacciona, ¿era necesaria esta pregunta? ¿Qué hace aquí un tema que la asamblea podría debatir, y me arriesgo a decir que se aprobaría unánimemente? Este tema ni siquiera ha estado en discusión. Entonces veo las 3 primeras preguntas, y lo primero que se me viene a la mente es que quieren hacer un sanduchito con las preguntas, o mejor dicho una hamburguesa - y a la plancha -, donde la pregunta 1 es el pan de arriba, la pregunta 2 es la primera carne, la pregunta 3 es la segunda carne (es que el pueblo tiene hambre, y la pide doble), y ésta es el pan de abajo. Todo bien presentado para tragarse la pregunta 3 en plancha con las que la rodean sin que uno se de cuenta. Las demás preguntas supongo que han de ser las papas y la cola. Esta pregunta era innecesaria, y la considero malintencionada.

El crimen en cuestión tiene una pena máxima de más de 30 años, y en la actualidad los delitos, con excepción de los de lesa humanidad, que son imprescriptibles, prescriben en un tiempo equivalente a la pena máxima de dicho delito. Eso quiere decir que actualmente, sin necesidad de cambio alguno, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, prescriben más de 30 años. Si alguien deja pasar más de 30 años para recién denunciar un abuso sexual, debe tener pruebas para poder sostener dicha acusación, no es sólo de lanzar la acusación y salir corriendo.

En fin. Esta pregunta no era necesaria, pero no tengo corazón para votar que no. Votaré que sí a regañadientes, por la mala intención. Con más ganas votaré que NO en la pregunta 3.